| Hace algunos meses saltaba a los medios de comunicación el eco de un informe realizado por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentado ante la Comisión Mixta del Senado, sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social en nuestro país |
La mayor parte de los medios de comunicación se han limitado a dar una información parcial sobre los mismos, buscando más el sensacionalismo ante la noticia que informar verazmente a los ciudadanos sobre estos centros.
- En España nos encontramos con 58 centros de este tipo, 55 de los cuales son privados, siendo el 71% de los mismos de reciente creación.
- La tutela legal de los niños y jóvenes que se encuentran en ellos es de las Comunidades autónomas, pero en la mayor parte de los casos la supervisión es mínima.
La proporción de niños por educador es de dos profesionales por niño, y la financiación de estos centros procede de las Administraciones públicas, costando 3.810 euros de media mensual por cada menor, en los centros privados y 9.000 euros al mes en los centros estatales, frente a las ayudas de 500 euros que recibe una familia que no pueda cubrir las necesidades de sus miembros, tengan los hijos que tengan.
- A los 18 años los jóvenes han de abandonar estas instituciones, pasando de vivir en un entorno con una estructura muy reglada, con una actividad diaria frenética, a vivir libremente y sin esas normas y rutinas, de la noche a la mañana, y en la mayoría de los centros no se lleva a cabo un seguimiento formal de los menores cuando salen.
- El recorrido por las instituciones acaba de forma habitual en la cárcel.
- Se niega la aptitud de educar a sus hijos a mujeres, que incluso educó el propio Estado en otros centros. A Sara Casas le retiraron la niña que tuvo tras aquel primer embarazo y los mellizos que nacieron un año después. Los tres niños viven en un centro y ven a su madre dos horas a la semana. La joven cuenta que lo mismo que a ella le ha pasado a muchas otras de sus ex-compañeras de piso del Estado. “En cuanto se enteran que estás con una barriga, te quitan el niño”. La razón suele ser la falta de recursos de las madres, jóvenes que crecieron y se educaron bajo la tutela de una Administración que luego las considera “no aptas” para cuidar de sus hijos.
- Niños desamparados de segunda generación. Sus padres crecieron en este tipo de centros y ellos están abocados a lo mismo. La primera generación no conocían por dentro el sistema, mientras que los de segunda generación han crecido en él. Las madres proyectan en sus hijos su propia experiencia
- Cuando abandonan el centro, muchos jóvenes se encuentran desorientados, con un fuerte desarraigo familiar y pocas caras conocidas en el mundo exterior. Dicen algunos niños en el informe “No nos enseñan valores y principios útiles para la vida”. Usan la violencia frente a actuaciones con respuesta pedagógicas. Las estancias son muy largas –hasta 5 años- 5 años cobrando más de 3.000 euros por niño cada mes.
- Nos encontramos en estos centros con medicación sin control, salas de aislamiento como cuchitriles, contenciones con violencia física, más empleados de seguridad que educadores de los niños, puertas blindadas, rejas, intentos de suicidio, adicciones, alto grado de fracaso escolar, sin tenerse en cuenta sus necesidades afectivas, educativas, terapéuticas o de promoción y desarrollo de su autonomía.
Para José Luis Utrera, juez de familia de Málaga, “cada chaval criado en los centros, que luego no consigue normalizar su vida es un fracaso absoluto del sistema. Si yo he tenido la tutela, yo soy el culpable. Casi habría que indemnizar a los jóvenes”.
No hay acuerdo entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, y que cada entidad que gestiona un centro decide cómo tratar a los menores que están tutelados por la Administración, dándose dos modelos de intervención, unos optando por un sistema represivo basado en la sanción y el castigo y otros buscando otras fórmulas menos agresivas para educar, pero sin lograr los objetivos para los que nacieron, ya que los centros están para formar personas autónomas que puedan enfrentarse a la vida cuando cumplan la mayoría de edad, y esto en la mayoría de los casos no se está dando.
Para Javier Urra, son jóvenes con problemas y la situación puede ir a más en esta sociedad donde cada vez hay más patologías y denuncias de padres a hijos. Es un tema conflictivo para el que el Estado no está teniendo la respuesta adecuada.
El problema es mucho más amplio y grave de lo que dicen estos profesionales. Y es que se trata del mismo sistema que fabrica pobres en serie, parados en serie, niños esclavos en serie, que destroza a la familia y a la persona en serie, y ese mismo sistema tiene que poner los parches necesarios para que los problemas no le desestabilicen demasiado, y entre tanto siempre el Mercado sacando tajada.
Estos centros se han convertido en un auténtico NEGOCIO, al que han entrado a saco y sin ningún miramiento distintas empresas de nuestro país, incluidas inmobiliarias y empresas de seguridad.
Es un auténtico FRACASO del Estado ejerciendo legalmente de padre durante la infancia de estos niños y jóvenes, y debemos denunciar la responsabilidad del Estado y que se aplica un modelo educativo que fracasa en la mayoría de los casos.
La sociedad, la familia, el tejido social en general se ve debilitado, fomentándose el ESTADO y el MERCADO frente a la Sociedad, frente a la familia, frente al protagonismo de la persona y de los pueblos. Se trata de un modelo contra la familia, contra los propios jóvenes, contra la sociedad.
Autor: Guillem Caterina-
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