Darío, de 22 años, llegó a Bélgica desde Brasil en 2005, siendo aun adolescente. "Al comienzo fue difícil. No hablar el idioma me impidió hacer ciertos trabajos, y también estaba el riesgo de enfermarme, porque no tenía ni tengo seguro de salud", relató.
La mayoría de los niños migrantes que intentan ingresar en la UE proceden de Turquía, Hungría y Rumanía (Daan Bawens/IPS)
Afortunadamente, dijo Darío (nombre ficticio) a IPS, la gran comunidad brasileña en Bruselas lo recibió con los brazos abiertos.
“Por supuesto que uno también sufre la explotación financiera y moral de ciertas personas que se aprovechan, pero yo no me quejo. La vida es una secuencia de experiencias buenas y malas; es parte del riesgo que asumo para mejorar mi vida”, agregó.
La promesa de un futuro mejor es el principal motivo por el que decenas de niños y adolescentes llegan a Europa traídos por su familia y hasta solos, aunque no hay ninguna garantía de que lo que encuentren haga que haya valido la pena el viaje.
Aunque se estima que en la Unión Europea (UE) hay entre 1,6 millones y 3,8 millones de inmigrantes indocumentados, no existen cifras confiables sobre qué porcentaje de ellos son niños y niñas.
Es casi imposible hallar datos precisos dado que estos menores representan un grupo multifacético y diverso, según expertos. La mayoría proceden de otros países europeos, como Hungría y Rumania, pero también una gran cantidad llega de Iraq, Pakistán, Afganistán y Nigeria.
Muchos ingresan a la UE con sus familias o, en el caso de los adolescentes, de modo individual, mientras que están quienes nacieron de padres sin estatus legal en un país determinado.
Los motivos para las migraciones también varían, e incluyen la reunificación familiar, la protección de persecuciones o mejores condiciones de vida, así como oportunidades educativas y económicas. Muchos de estos niños, principalmente de Hungría y Rumania, también son víctimas de tráfico.
El año pasado, la policía británica, con la ayuda de las autoridades rumanas, desmanteló una compleja red de tráfico administrada desde Rumania, que usaba a niños para embolsarse cientos de miles de libras mediante el delito callejero y fraudes relativos a los beneficios.
En una serie de redadas al amanecer que realizaron bajo el nombre “Operación Norman”, los funcionarios hallaron a 103 niños inmigrantes hacinados en apenas 16 domicilios de Londres. El operativo se llevó a cabo en un contexto de aumento de la cantidad de niños que llegaban a Europa sin compañía, arriesgándose a ser detenidos. Aunque algunos se las arreglan para ingresar a los sistemas de seguridad social, otros terminan viviendo en la clandestinidad.
La crisis financiera intensificó la situación, especialmente en países de la frontera de la UE, como Grecia.
“Pese a los esfuerzos de la Comisión Europea (organo ejecutivo de la UE) para promover regulaciones armonizadas, el marco normativo del bloque para la protección de niños inmigrantes indocumentados todavía es bastante diverso”, dijo a IPS la experta Maria Grazia Giammarinaro, representante especial y coordinadora del combate al tráfico de seres humanos en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
“La implementación de la legislación nacional es aun más fragmentada. Por lo tanto, lamentablemente, un sistema común y efectivo de protección a la infancia no existe en el ámbito de la UE”, agregó.
Organizaciones como la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (Picum) han dado la voz de alarma sobre la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos de los niños “invisibles” de Europa.
“Los niños indocumentados están ante una triple vulnerabilidad: como niños, sobre todos; como migrantes, y a causa de su estatus irregular”, dijo a IPS la activista Michele LeVoy, de Picum.
Muchas familias simplemente desconocen sus derechos a la vivienda, la alimentación y la educación, añadió.
Incontables obstáculos se interponen entre los derechos en el papel y en la práctica, pese a los numerosos instrumentos internacionales y regionales que son explícita y legalmente vinculantes y que garantizan el acceso de los niños a sus derechos civiles y sociales,
“En España, por ejemplo, los niños indocumentados tienen en teoría el mismo acceso a los servicios de salud que los ciudadanos españoles”, dijo LeVoy.
Pero la implementación de una nueva ley sobre atención a la salud, en septiembre de 2012, que busca restringir el acceso de los adultos indocumentados a estos servicios, también impactó en sus hijos.
En algunos países, solo la atención médica “esencial” o “urgente” puede ser gratuita para los niños indocumentados, término definido de modo tan amplio que a menudo conduce a la aplicación discrecional e impredecible de la legislación sobre salud.
Las barreras relativas a la educación son igualmente complejas. Aunque las constituciones de varios países conceden a todos el derecho a la educación, la burocracia suele mantener a los niños indocumentados fuera del sistema.
“Las barreras prácticas y concretas, más que la discriminación legal directa, vuelven casi imposible la integración” al sistema educativo, según LeVoy.
“En toda la UE se suele impedir que los niños indocumentados se inscriban en las escuelas simplemente por no tener documentos de identificación y un domicilio permanente”, señaló.
“La admisión depende de la decisión de directores y administradores de escuelas, y esas decisiones son arbitrarias”, agregó.
Giammarinaro, de la OSCE, cree que “los estados miembro deberían establecer procedimientos efectivos basados en el interés del niño, cuya implementación real debería ser adecuadamente controlada, especialmente en el caso de niños no acompañados y separados” de sus familias.
Una segunda tendencia perturbadora es el aumento de los reportes de menores extranjeros no acompañados que desaparecen de los centros de recepción de inmigrantes y de los cuidados residenciales, a menudo sin dejar rastro.
Un estudio de la Agencia de la Unión Europea de los Derechos Fundamentales indica que es generalizada la desaparición de niños de refugios e instalaciones similares y que hay un alto riesgo de que que estos menores sean víctimas del tráfico de humano.
“Los niños, niñas y adolescentes en movimiento son particularmente vulnerables a los abusos y la explotación”, dijo Giammarinaro.
“Pueden ser explotados bajo la forma de prostitución, trabajos forzados o mendicidad organizada, y pueden ser compelidos a cometer delitos. Por lo tanto, la prevención del tráfico y la protección de los niños indocumentados están inextricablemente ligadas”, añadió.
Los expertos han identificado a adolescentes de entre 13 y 18 años como un importante grupo de riesgo para el tráfico en Europa oriental. Incluso los niños conscientes de los peligros del tráfico dicen que en cualquier caso estaban listos para migrar usando vías inseguras, según una investigación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Moldova.
Las percepciones idealizadas de un mejor estilo de vida, aparejadas con los relatos de éxito de personas que estuvieron en el exterior, alientan a los jóvenes más pobres a asumir riesgos, según los investigadores.
Con un desempleo rampante en toda la UE, muchos gobiernos perciben que la única solución, aunque a corto plazo, es la expatriación de los “inmigrantes indeseados”.
En 2010, la OSCE aconsejó que los niños migrantes, indocumentados, no acompañados, separados y traficados no fueran automáticamente devueltos a sus países de origen o reasentados o transferidos a un tercer país, declarando que las preocupaciones sobre control de migraciones no pueden pasar por encima de los intereses del niño.
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