NOVEDADES QUE INTRODUCE LA LOMCE

Aquí van dos síntesis publicadas en la prensa española (la del ABC y la del El País) dónde se exponen las principales novedades que introduce la LOMCE. Aunque son repetitivas en lo fundamental no deja de ser un interesante hacer un ejercicio en dónde ambos se contrasten. Son en este tipo de noticias que implican un trabajo del propio consejo de redacción en las que podemos  explicar la posición de los distintos medios en relación a un tema el ver cada uno de estos dos resúmenes juntos. 

SÍNTESIS QUE OFRECE EL ABC

El Consejo de Ministros aprobó el viernes, 17 de Mayo 2013, el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que incorpora las siguientes novedades:

1. Financiación. Fondos europeos para la reforma

El ministro se ha referido a la dotación económica con que contará la ley, que el Consejo de Estado considera insuficiente, para explicar que hasta el 95% de los costes directos de implantación de la norma se deben al adelanto de los itinerarios formativos en la ESO y la creación de la Formación Profesional Básica, y podrían ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en tanto que, en el horizonte 2014/2020, «uno de sus objetivos temáticos es la eliminación del abandono escolar temprano y la capacitación de los jóvenes».

En total, Educación calcula que, el primer año, el coste directo será de 38 millones de euros; de 190 millones el segundo y de 340 millones el tercero. No obstante, si se descuenta lo que se prevé ahorrar con la reforma del Bachillerato, --tendrá menos opciones y se espera menos afluencia por el refuerzo de la FP--, las cantidades se rebajan a 23 millones para el primer año, 130 para el segundo y 255 en el tercero. Los costes indirectos los asumen las comunidades autónomas y dependen del «éxito» que tengan en la implantación de la reforma.

2. Distribución de las asignaturas.

El proyecto de la Ley Orgánica para la Mejora en la Calidad Educativa diseña una nueva «arquitectura» del sistema educativo, que se sustenta en la división de las asignaturas de Primaria, Secundaria y Bachillerato en tres tipos: troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

El Ministerio insiste en que esta clasificación no responde a su importancia, sino a quién corresponde diseñarlas. Se acaba con el criterio de trocear las materias en parte estatal y autonómica.

En las troncales, entre ellas lengua castellana, matemáticas, ciencias e idioma extranjero, es el Estado el que fijará en su totalidad los contenidos. Para las específicas, el Estado establece los estándares evaluables, pero serán las comunidades las que establezcan sus contenidos. Finalmente, las de libre configuración autonómica serán, como su nombre indica, completamente responsabilidad de las comunidades.

Las lenguas cooficiales tendrán un tratamiento especial. No pueden ser troncales por su propia especificidad autonómica, pero su evaluación contará para la evaluación final de ESO y Bachillerato.

3. La elección entre FP y Bachillerato

La futura ley busca una flexibilización de las trayectorias que siguen los alumnos, evitando las actuales rigideces del sistema que, según el Ministerio, conducen a la exclusión de los alumnos. Para lograr este objetivo, se desarrollarán programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el tercer curso de Secundaria y se anticiparán los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional al tercer curso de la ESO.

Además, se transformará el actual cuarto curso de Secundaria en un curso fundamentalmente propedéutico, es decir, dirigido al estudio de una opción concreta, y con dos trayectorias que estarán bien diferenciadas: opción de enseñanzas académicas para la iniciación del Bachillerato o de enseñanzas académicas para la iniciación a la Formación Profesional.

Sin embargo, eso no signficará que no haya vuelta atrás. Como mínimo en las etapas superiores de Secundaria, se prevén «pasarelas» entre todas las trayectorias formativas y dentro de ellas, de manera que ninguna decisión del alumno sea completamente irreversible.

4. Más autonomía de los centros

La reforma educativa contribuirá también a reforzar la capacidad de gestión de la dirección de cada uno de los centros. Los directores serán los verdaderos responsables del proyecto educativo de sus colegios e institutos. En sus manos recaerá la gestión y el liderazgo pedagógico.

La futura ley tiene como objetivo profesionalizar la figura del director con un sistema de certificación previa que servirá para acceder al puesto de director. Se establece asímismo un protocolo para rendir cuentas de las decisiones tomadas, de las acciones de calidad y de los resultados obtenidos al llevarlas a cabo.

Que la responsabilidad recaiga en la figura del director se observa por los críticos con la nueva legislación como una «injustificable pérdida de democracia». Se resta poder de decisión a los Consejos Escolares que pasan, en la práctica, a ser órganos consultivos. Las anteriores legislaciones habían dado durante años poder decisorio a estos organismos.

5. Se pasará de curso con dos suspensos

El proyecto de ley busca ser más exigente con los alumnos y premiar su esfuerzo. «Es más importante el reconocimiento del esfuerzo que el de la excelencia», llegó a decir ayer elministro de Educación, José Ignacio Wert, tras la aprobación de la futura ley por parte del Consejo de Ministros.

Por eso pasar de curso será un poco más difícil. Sólo se podrá pasar de curso con dos suspensos, no con más. Sólo hay una excepción: si esas dos asignaturas suspensas son algunas de estas dos: matemáticas, lengua o lengua cooficial.

La obtención del título de la ESO requerirá la superación de la evaluación final y una calificación final de la Educación Secundaria Obligatoria igual o superior a 5 puntos sobre 10 (calculada ponderando en un 70% la media de las notas de las diversas materias de la etapa y en un 30% la nota de la evaluación final).

El de Bachiller requerirá superar la evaluación final y una calificación final del Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10, ponderando en un 60% la media de las notas de las materias cursadas en esta etapa y en un 30% la nota de la evaluación final.

6. Educación Diferenciada

Los centros que eduquen por sexos separados deberán justificar que no discriminan en calidad educativa si quieren optar a tener una subvención pública como centro concertado, tal y como recomendó el Consejo de Estado tras estudiar elanteproyecto de la Lomce. La reforma legislativa no garantiza, por tanto, la subvención a los centros que optan por enseñar en clases separados a los niños de las niñas. El conceder o no la subvención de estos centros queda en manos de las comunidades autónomas.

Durante la tramitación de la ley, Wert había defendido la subvención para un grupo de colegios que son minoría en España -el 0,6% de los colegios y menos del uno por ciento de los alumnos-. Aseguraba que no busca darles un «privilegio» sino garantizar que estaban «en pie de igualdad» con el resto de centros. Pero el ministros se ha encontrado con sentencias del Tribunal Supremo que han dado la razón a Cantabria y Andalucía al retirar el concientro a centros de su territorio.

7. Reválidas y fin a la selectividad

Una de las grandes obsesiones del ministro es la medición de los resultados educativos para poder mejorarlos. Por eso el proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros recoge una serie de evaluaciones externas a lo largo de la vida académica del alumno, a las que popularmente se denomina «reválidas».

En Primaria habrá dos pruebas, una en 3º y otra al final del ciclo, en 6º curso. El diseño de este examen será competencia de las comunidades autónomas y medirán la capacidad en lengua, escritura y cálculo, con el objeto de detectar problemas a tiempo.

Asimismo, habrá evaluaciones externas al término de la ESO y del Bachillerato, de las que se encargará el Ministerio, ya que servirán para la obtención del título, algo que entra en su competencia. En este caso, se evaluará de conocimientos, pero también de competencias como la comprensión, el razonamiento crítico o la capacidad de poner en relación distintas materias, al estilo de PISA.

Asimismo, la futura ley acabará con las actuales pruebas de acceso a la universidad, la célebre selectividad. Cada universidad podrá fijar sus propias pruebas.

8. Eliminación de Educación para la Ciudadanía

En su dictamen, el Consejo de Estado pedía al Ministerio que no desapareciese de la Lomce la asignatura de Educación para la Ciudadanía, tal y como prevía el texto del anteproyecto. Dicha asignatura, según explicó ayer el ministro Wert, se diluirá en «contenidos transversales» recogidos en todas las materias.

La preocupación del Consejo de Estado era que los valores éticos -incluidos en Educación par la Ciudadanía- no llegaran a todos los alumnos, por ejemplo a los que exijan la asignatura de Religión. Educación garantiza que los alumnos que opten por cursar Religión tendrán también la oportunidad de cursar la asignatura de «Valores Culturales y Sociales» en Primaria y la de «Valores Éticos» en Secundaria. Este es uno de los retoques que el Ministerio ha introducido a última hora.

En el anteproyecto de la ley, el borrador obligaba a escoger necesariamente entre Religión o sus «asignaturas espejo», una medida que, según puso de manifiesto el reciente informe del Consejo de Estado, «discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos».

9. Nueva Formación Profesional Básica

Uno de los principales objetivos del proyecto de ley es contribuir a la disminución del alto desempleo juvenil en España, con una tasa que se sitúa ya en el 57%, y para atajarlo se plantea como instrumento fundamental la reforma de la actual formación profesional.

La futura norma crea un nuevo título de Formación Profesional Básica, con ciclos de carácter obligatorio y gratuito destinados a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que no están en condiciones de alcanzar las competencias propias de esta etapa, que sustituirán a los programas de cualificación profesional inicial existentes actualmente.

Asimismo, se flexibilizarán las vías de acceso desde la Formación Profesional Básica hacia la de Grado Medio y desde ésta hacia la de Grado Superior.

Los alumnos que superen las enseñanzas de FP de grado medio y grado superior recibirán respectivamente los títulos de técnico y técnico superior de la correspondiente profesión.

Los títulos de técnico y técnico superior permitirán el acceso directo, en el primer caso, a todas las modalidades de Bachillerato, y, en el segundo, a los estudios universitarios de Grado.

10. Castellano en Cataluña

El Gobierno pagará un colegio privado cuando la comunidad autónoma no la oferte como vehicular, pero será de forma "transitoria" hasta que el Ejecutivo autonómico solucione la cuestión y, en todo caso, recuperará el dinero -calculado en 5 millones de euros para cada mil alumnos- detrayéndolo de la partida que le corresponda en el marco de la financiación autonómica.

11. La clase de Religión contará para pedir una beca

La LOMCE establece que, tanto la asignatura de Religión como su alternativa -Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria-, serán evaluables y la nota contará para la media del curso "a todos los efectos", ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, "como el resto de las asignaturas".

Ambas materias, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede -no se consideran troncales-, se podrán cursar como optativas desde la Primaria, facilitando así que quien lo desee pueda estudiar las dos y no sólo una, en detrimento de cualquier otra de las optativas, como contemplaba inicialmente el anteproyecto de la norma, en la que Religión y Valores eran excluyentes.

Resumen sacado del ABC

Las claves de la reforma educativa según EL PAÍS

La de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aunque se presenta como una reforma de la norma actualmente en vigor (LOE, 2006), representa un cambio de tal calado, que supondrá de hecho un nuevo marco, una nueva ley educativa, la séptima de la democracia. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, defiende la reforma como el cambio necesario para dejar atrás las alarmantes cifras de abandono escolar temprano (24,9%) y los mediocres resultados en las comparaciones internacionales.

Pero en un contexto de profundos recortes educativos (más de 6.700 millones desde 2010), buena parte de la comunidad escolar (padres, profesores y alumnos) perciben la propuesta como una adaptación a ese contexto, es decir, una norma para hacer una escuela low cost que dejará en la cuneta a muchos alumnos de sectores desfavorecidos. Precisamente el dinero para la reforma es una de las grandes preocupaciones de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP y también del Consejo de Estado. Y eso que durante el proceso el ministerio ha recalculado y multiplicado por cinco los cálculos iniciales del coste, hasta 408 millones de euros en costes directos a financiar por el Estado en tres años y hasta 927 millones que deberían asumir en principio las autonomías.

Por otro lado, está el debate del catalán en las escuelas: según la norma, el Ministerio de Educación adelantará el dinero para pagar colegios privados con más clases en castellano para los alumnos que lo pidan y no encuentren esa oferta en la escuela pública o la concertada. Después, el Gobierno detraerá ese dinero adelantado de las transferencias presupuestarias a Cataluña. En una anterior redacción de la ley se obligaba a la Generalitat a pagar directamente esos colegios privados, pero Educación ha intentado sortear con este cambio las objeciones señaladas al respecto por el Consejo de Estado. Todo esta polémica está envuelta, además, en un contexto con frentes judiciales abiertos (el último, abierto con un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice que si un niño pide más clases en castellano, hay que dárselas a él y a toda su clase) y de un importante auge soberanista en Cataluña.

Los siguientes son los puntos clave de la reforma que está previsto que pase por el Consejo de Ministros este viernes tras sufrir importantes cambios desde su redacción inicial:

- El currículo. El Gobierno central fijará los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachiller (por ejemplo, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las "específicas" (Educación física, Plástica, Música, entre otras), fijará objetivos y criterios de evaluación; las autonomías fijarán el temario concreto en este caso. Dependiendo de cómo se materialice finalmente, los repartos competenciales se pueden quedar como hasta ahora, sin embargo, el ministerio ha dicho en varias ocasiones que quieren poner coto a la dispersión de contenidos entre las comunidades para las materias troncales. Es posible que Educación aclare o ajuste este diseño en la redacción de la norma, como le ha pedido el Consejo de Estado.

-Reválidas. En realidad, según numerosos expertos, lo que controlará lo que enseña en las clases, más que los currículos, serán las evaluaciones externas que los alumnos tendrán que pasar en cada etapa educativa: primaria, ESO y bachillerato. Las dos últimas serán reválidas (si el estudiante no aprueba, no podrá seguir estudiando), pero la de primaria no lo será (esto ha cambiado durante la tramitación). En este caso, los resultados servirán para orientar a alumnos, profesores y padres y el examen será controlado por las comunidades, al igual que otra prueba que deben hacer los centros en mitad de primaria (3º, con ocho años) y a diferencia de las reválidas de los institutos, cuya redacción y control dependerá del ministerio.

Al final de la ESO (16 años), los que hayan aprobado 4º tendrán el título de enseñanza obligatoria, pero si quieren seguir estudiando tendrán que aprobar un examen final, distinto si lo que se quiere es hacer bachillerato o FP. Se podrán presentar al examen los alumnos que hayan suspendido alguna materia en 4º (se supone que dos o tres como mucho): si lo aprueban, tendrán el título y podrán seguir estudiando.

Para obtener el título de bachillerato y poder acceder a la Universidad hay que aprobar la reválida. Las universidades podrán hacer pruebasde acceso para cada carrera si lo desean. Los que habiendo aprobado 2º de bachillerato no pasen la reválida, podrán acceder a la FP de grado superior. Este es el esquema que planteaba la ley aprobada en 2003 durante el Gobierno del PP, pero que no llegó a entrar en vigor.

El ministerio sostiene que este sistema de exámenes señaliza claramente “los objetivos que han de cumplirse al final de cada ciclo y etapa”, incentiva “el esfuerzo de los estudiantes”, “garantiza al alumno, a su familia y a la sociedad un nivel de conocimiento adecuado” y da “transparencia” al sistema. Sin embargo, numerosas voces críticas advierten sobre lo extemporáneo de estos exámenes que pueden cortar la progresión del alumno y ahondar en la segregación que producen las otras medidas.

También se teme que estos resultados se utilicen para hacer clasificaciones de centros, algo que actual ley prohíbe expresamente por creer que deterioran el sistema en su conjunto, tirando para arriba de algunos colegios, pero dejando en la cuneta a muchos otros. El ministerio defiende la necesidad de transparencia y las bondades de la competencia entre escuelas para mejorar el sistema.

- Especialización y autonomía. Se promueve tanto la especializaciónde los centros en determinadas áreas (por ejemplo, la vía hacia la FP o al bachillerato en la ESO) o en planes de mejora de la calidad (los centros que lo impartan podrán tener fondos extra). Unos y otros podrán hacer que la nota de los alumnos cuente hasta un 20% en el proceso de admisión en bachillerato.

Además, el anteproyecto reduce la capacidad de decisión de los padres y profesores a la hora de elegir entre los aspirantes a director, cuyos votos pesan ahora un 60% y pasarán a valer menos de la mitad. Los consejos escolares, formados por padres, profesores, alumnos y otros trabajadores, pierden toda su capacidad de decisión sobre los presupuestos, los proyectos educativos o los procesos de admisión de alumnos. Su misión será únicamente "evaluar" e "informar". Además, los directores podrán exigir perfiles para los profesores que vayan a su centro y vetar a candidatos.

El temor es que la autonomía de los centros no sea real, sino que en realidad decidan todo las comunidades autónomas. 

-Itinerarios. Los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en 3º de ESO (14 años). También podrán elegir entre dos niveles distintos de matemáticas. En 4º, los alumnos ya se separarán entre los que quieren estudiar bachillerato o los que va a FP: tendrán algunas asignaturas comunes. Es un paso más de lo que aprobó el anterior Gobierno socialista tras el debate del frustrado pacto educativo (con más optativas orientadas a una opción u otra en 4º de ESO), que ya cosechó críticas, por “segregador”, llegadas desde una parte de la izquierda.

Pero aún antes de 3º, en 2º de ESO, los alumnos que ya hayan repetido dos veces podrán pasar a la nueva FP Básica (nueva versión de programas de cualificación inicial), a los que se accederá generalmente al final de 3º (esto también lo preveía la reforma socialista). Estos programas son alternativas de dos años a la ESO en las que los chavales que van peor aprenden los rudimentos de un oficio (consiguen un certificado de profesionalidad del Ministerio de Trabajo). Los alumnos que aprueben estos cursos tendrán acceso directo a la FP de grado medio (otra rectificación en el proyecto tras numerosas críticas para que no se convierta en una vía muerta) y podrán presentarse a la reválida de la ESO para obtener el título obligatorio (posibilidad que los expertos consideran bastante ilusoria).

Además, también se adelantan a 2º de ESO los programas de atención a los chavales con problemas de aprendizaje (al contrario que los chavales que se dirigen a los PCPI, estos alumnos sí tienen una actitud positiva hacia los estudios), que actualmente se llaman Programas de Diversificación Curricular y se hacen en 3º y 4º de ESO. La propuesta es que se llamen Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y serían en 2º y 3º.

-Religión y Ciudadanía. Se recupera la materia alternativa a la de Religión (se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria) y se elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006. Ambas son reivindicaciones clásicas de los obispos españoles, introducidas tras un parón en la reforma, exigido por las comunidades gobernadas por el PP, para introducir algunas de sus demandas. Ambas asignaturas se colocarán también en el saco de las materias optativas, de tal manera que quien elija Religión podrá escoger también Valores como optativa.

- Concertada. Se blindan las subvenciones a los colegios que imparten educación diferenciada por sexos, pese a las recientes sentencias del Tribunal Supremo que las rechazan. Además, se cambia el texto para rebajar la preeminencia legal de la escuela pública sobre la concertada. Se tendrá en cuenta “la demanda social” a la hora de planificar la oferta de plazas. Además, cuando la norma dice que las administraciones estarán obligadas a garantizar una plaza durante la educación obligatoria, ya no se especifica, como hasta ahora, que esa plaza tenga que ser pública. Además, se introducen entre los fines de la educación “la libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.

Asimismo, desparece la obligación de contar con una representante del Ayuntamiento en el consejo escolar de los colegios concertados y la cláusula que dice: “El despido de profesores de centros concertados requerirá que se pronuncie previamente el Consejo Escolar del centro mediante acuerdo motivado adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros”.