Ceuta y Melilla: los niños de nadie

Unos llegan solos, otros empujados por sus padres. En Ceuta hay 180 menores extranjeros acogidos. En Melilla 500. Luego están los que no aceptan reglas y viven en la calle

 Menores en el puerto de Ceuta, uno herido en un tobillo tras intentar saltar a un barco 

Hay familias de Marruecos que cruzan legalmente a Melilla o a Ceuta y una vez allí dejan abandonados a sus hijos y se vuelven a sus casas. Se cuentan cientos de casos cada año. No faltan niños con parálisis cerebral y otras discapacidades, con enfermedades crónicas o necesitados de transplantes. 

Todos pasan a formar parte del conjunto de Menores no Acompañados (MENA) de los que se hacen cargo las dos Ciudades Autónomas españolas, entre los que también figuran chicos que -empujados o no por sus padres- llegan solos por los pasos fronterizos, normalmente colándose entre las turbas que se forman en las horas punta o escondidos en coches. Algunos recorren miles de kilómetros para lograrlo, desde Argelia o el África Subsahariana, dicen que en busca de mejor vida y quienes les han tratado añaden que muchas veces huyendo de infiernos de maltrato, hambre o abusos.

Los MENA surgieron en 1995 pero constituyen desde hace tiempo un problema grave, en parte por que su número se ha disparado sin control desde 2015. Las cifras en Ceuta señalan que actualmente tienen bajo guarda a 180, pero en Melilla fuentes oficiales aseguran que se superan con frecuencia los 500 en una urbe de 12 kilómetros cuadrados. La pasada semana eran 494, de los que 345 se registraban en un solo complejo, «La Purísima», con capacidad para 180 plazas.

El hacinamiento es agónico, pero casi más lo es la inseguridad que rodea a subgrupos de estos menores que se niegan a estar en esos centros, no aceptan reglas y viven directamente en la calle, donde se exponen a todo tipo de riesgos -mafias, drogas, alcohol, enfermedades, peleas...- y a su vez se han convertido en una amenaza para el orden público.

En Ceuta, estos días atrás se ha detenido a cinco de ellos por su presunta implicación en el asesinato por apuñalamiento de un marroquí de 20 años el 10 de marzo. Dos fechas antes, por el contrario, pasaban a disposición judicial cinco jóvenes como presuntos autores de brutales palizas a los Menas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió hace hoy una semana en Melilla que la situación es «de muy alta tensión» y que es necesario junto con el Reino alauí «reducir al máximo» la llegada de estos chicos.

Para Daniel Ventura, consejero de Asuntos Sociales en esa Ciudad Autónoma, en Marruecos hay «una falta de interés para buscar una solución», y lo demuestra su no cumplimiento de un acuerdo de 2003, renovado en 2013, para la prevención de esta inmigración y el «regreso concertado», «con todas las garantías», de los menores, una vez localizados a sus padres.

Según autoridades, fuerzas de seguridad y vecinos con los que ABC habló en Ceuta, detrás de esta incomparecencia hay un nítido interés económico, pues mientras tanto España proporciona a los menores alimentación, educación o sanidad, si es necesario durante una década o más. Las mismas fuentes no niegan que existan casos de necesidad extrema que justifiquen el amparo, pero también aseguran tener constancia de que hay familias de la vecina Tetuán que mandan a sus hijos a Ceuta «como a un colegio mayor», y la prueba es que «los chicos desaparecen cuando llegan las fiestas musulmanas para ir a sus casas y después vuelven».

A la península o Europa

Hay niños tutelados desde los 9 años, aunque la mayoría tienen de 14 en adelante. Su objetivo prioritario es conseguir documentación que haga posible la reagrupación familiar. Si no, luchan por marcharse a la península o al resto de Europa. Daniel Ventura certifica que, habida cuenta de esta transitoriedad, en 2016 atendieron hasta a 1.200 MENA con un coste de «cerca de 10 millones de euros».

En Ceuta, se ha publicado que el presupuesto es de 5,08 millones, cifra que ABC no pudo contrastar al no lograr hablar con la jefa del área de Menores de esa ciudad pesar de repetidos intentos, con los que también buscábamos una valoración del testimonio de muchachos inmigrantes que, en los alrededores del puerto, aseguraron a este diario que no viven en centros de protección porque allí se les «pega» y que los agentes de orden público también lo hacen. Compartían en una bolsa de supermercado unas lentejas frías traídas en una botella de plástico.

Violeta Assiego, coordinadora del estudio de la Universidad Pontificia Comillas «Rechazo y abandono. Situación de los niños que duermen en las calles de Melilla», publicado este mes, asevera que sí «está habiendo malos tratos y abusos y nadie los está investigando», y que si los menores se «fugan» de los centros de protección es porque no «encuentran condiciones mínimas para estar allí». No hay denuncias y la Consejería de Bienestar viene expresando su deseo de «coger a alguien que estuviera haciendo mal uso de sus funciones, por que estaría en la calle y en el juzgado».

La también experta en Derechos Humanos recuerda que en nuestro país los menores inmigrantes «son niños antes que extranjeros», pero que en modo alguno se está cumpliendo la ley que les protege, empezando por que duermen en colchones en el suelo debido a la saturación de los centros. Desde Save the Children, una de las ONG que trabajan con los menores en estas instalaciones, su responsable en Melilla, Carmen Requena, corrobora que no hay camas suficientes por la «falta clara de recursos», pero que se escolariza a los menores de 16 años, y a los de edades superiores «se intenta que vayan a cursos de alfabetización o formación profesional», aunque el absentismo es muy alto.

Entre las alternativas que se han barajado para aliviar la presión de la inmigración infantil en Ceuta y Melilla está abrir centros de acogida en otras autonomías, -descartado por el «efecto llamada» que implicaría- o financiar su apertura en Marruecos.